Disponen el reinicio de la actividad judicial desde el 7 de junio en Mercedes

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La Resolución N° 287/21 firmada este jueves establece que se levanta la suspensión de los plazos para las causas que tramitan ante los Tribunales de las ciudades de Corrientes (Capital), Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Santo Tomé, Mocoretá, Santa Rosa, Esquina, Santa Lucía y San Roque.

En esas localidades, en las que regía el servicio de atención extraordinaria administrada, se volverá al esquema del sistema de trabajo en burbuja, tal lo dispuesto en el primer Acuerdo de este año. Y se continuará aplicando el Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG).

Se exhortó a todo el personal judicial a actuar con la mayor responsabilidad personal y cuidados necesarios para evitar la propagación del virus, manteniendo la distancia de seguridad y el uso de tapaboca obligatorio en todo momento, máxime la situación epidemiológica actual.

La disposición indica que se deberá seguir observando las recomendaciones e instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales competentes, debiendo además tener las precauciones y responsabilidad personal tanto en el ejercicio de la función judicial, como al momento de interacción social.

Las pautas, procedimientos y reglas generales y especiales se encuentran condensadas en el “Protocolo de Actuación para la Prevención y seguimiento del Covid-19 del Personal Judicial en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes” aprobado por el STJ. Su finalidad es proteger la salud e integridad de las personas involucradas en el servicio de justicia y posibilitar la prestación del servicio de justicia en el marco de la emergencia sanitaria.

Se aprobó además un “Protocolo General para la Prevención del COVID-19- / Guía de Recomendaciones” elaborado por el Instituto Médico Forense y que servirá como pauta de medidas de prevención.

Finalmente, se invitó a los abogados y demás auxiliares de la justicia como al ciudadano en general, a que limiten la concurrencia a los edificios del Poder judicial sólo a la realización de trámites y actividades propias del servicio, necesarias  e impostergables y a utilizar los canales electrónicos disponibles.

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