A cinco meses de haber asumido la Gobernación, Juan Pablo Valdés administra una provincia que acumula reclamos históricos contra la Nación, apuesta a la mayor inversión privada de su historia y libra, al mismo tiempo, una batalla doméstica por el equilibrio fiscal. La economía, como se dijo siempre, manda.
Por Jaime Meza
Jefe de Redacción
Coordinador Multiplataforma
Este domingo 10 se cumplen exactamente cinco meses desde que Juan Pablo Valdés recibió la banda y el bastón de mando de manos de su hermano Gustavo, en el patio de la Casa de Gobierno. Asumía con el 51,91 por ciento de los votos, una base fiscal ordenada y una hoja de ruta clara: el Plan Estratégico Corrientes 2030.
Lo que no estaba en el mapa era la velocidad con que el contexto nacional lo pondría a prueba.
Cinco meses después, el balance oficial es optimista en materia de inversiones y de gestión ante Nación. El balance de la oposición señala una caja cada vez más ajustada, Coparticipación en caída y un conflicto institucional con el Poder Judicial que todavía no encontró desenlace (ver nota Lo que dicen quienes no acompañan). La verdad, como suele ocurrir, transita por el medio.
NEGOCIAR LO QUE DEBEN A LA PROVINCIA
La agenda financiera de Corrientes frente al Gobierno nacional fue prioritaria para el mandatario provincial, con dos frentes simultáneos. El primero fue la deuda previsional: el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS) por cajas jubilatorias no transferidas en los años 90, que según estimaciones provinciales supera los 140.000 millones de pesos.
El Gobernador avanzó con la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque aclaró que el entendimiento no implicará renunciar a los reclamos judiciales vigentes.
El segundo frente fue el de las regalías hidroeléctricas, un conflicto que lleva décadas. Corrientes genera energía en Yacyretá y Salto Grande, pero percibía -según el propio Gobierno provincial- valores inferiores a los que reciben otras jurisdicciones.
En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó formalmente una instancia de diálogo entre la Provincia, el Estado nacional y Cammesa (ver nota Corrientes pide lo suyo). Valdés calificó ese momento como «histórico». Las negociaciones siguen activas: el Gobernador pule los detalles finales de un posible acuerdo. De llegarse a concretar, el impacto sería de aproximadamente 1 millón de dólares mensuales adicionales para las arcas provinciales, fondos que el mandatario ya anunció que destinará a sostener el empleo industrial.
La caída de Coparticipación Federal, que el Gobernador estimó entre 40.000 y 50.000 millones de pesos de deuda acumulada, es el telón de fondo que explica buena parte de las tensiones que atraviesa la gestión.
Corrientes pide lo suyo
Durante más de 25 años, la Nación generó energía en Yacyretá y Salto Grande sin abonar a Corrientes lo que le correspondía por el uso de sus recursos naturales. La demanda tiene base en una distorsión en el cálculo de regalías que perjudicaba a la provincia frente a otras jurisdicciones.
Pasaron infinidad de presidentes, teniendo -casi siempre- a la Provincia parada en la otra vereda de los colores políticos de turno. Ni siquiera con Mauricio Macri se logró un avance contundente, que permitiera finalizar con el desfase administrativo que descontextualiza los dividendos correntinos.
UN PASO VITAL
Por lo menos, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó por primera vez una instancia formal de diálogo entre la Provincia, el Estado nacional y Cammesa -la administradora mayorista del mercado eléctrico-. Un entramado institucional del que participaron el fiscal de Estado, Horacio Ortega, el procurador José Roa y el titular de la Dirección Provincial de Energía (Dpec), Pablo Cuenca. «Fue un momento histórico», dijo Valdés al salir de esa primera audiencia.
El fiscal Ortega puso en blanco sobre negro el problema: había una diferencia entre lo que se le pagaba a Corrientes y lo que recibían otras provincias. La Provincia reclama que esa brecha sea corregida hacia adelante y que la deuda acumulada sea reconocida. Las cifras que maneja el ex gobernador Gustavo Valdés -ahora senador provincial- ubican ese pasivo histórico en torno a los 500 millones de dólares.
El impacto mensual de un eventual acuerdo sería, según el Gobernador, de aproximadamente un millón de dólares extra para las arcas provinciales, fondos que piensa destinar a sostener el empleo industrial en un contexto de consumo deprimido.
La apuesta productiva
El anuncio económico más resonante de estos 5 meses llegó el 16 de abril: la empresa Arpulp SA, con respaldo del fondo Pegasus, confirmó una inversión de 2.000 millones de dólares para instalar en el Parque Industrial de Ituzaingó la que será, según las proyecciones, la mayor planta de fibra larga de pino del mundo.
Con una capacidad de 800.000 toneladas anuales y una facturación proyectada de cerca de 900 millones de dólares, el Gobernador estima que el proyecto generará 13.000 empleos directos e indirectos y podría duplicar el producto bruto geográfico provincial. Los plazos son escalonados: estudio ambiental en 2026, ingeniería básica en 2027 y construcción entre 2028 y 2030.
Valdés no ocultó su entusiasmo. «Esto va a cambiar la realidad de Corrientes para siempre», dijo. La apuesta tiene sustento en una infraestructura que la Provincia viene desarrollando: 18 parques industriales distribuidos en el territorio y dos puertos -el de la Capital y el de Ituzaingó- como puertas de salida logística para la producción. El puerto de Ituzaingó, inaugurado a mediados de 2025 con una inversión íntegramente provincial cercana a los 50 millones de dólares, fue concebido como multipropósito para articular la producción forestal, arrocera, yerbatera y ganadera con los mercados externos. En paralelo, la Provincia avanza en el diseño del puerto de Lavalle, pensado como otro nodo logístico fluvial con calado natural aprovechable.
El sector productivo que rodea estas apuestas es diverso y consolidado: Corrientes concentra producciones clave de arroz -con Brasil como principal mercado comprador-, citricultura en las cuencas de Bella Vista y Monte Caseros, ganadería con fuerte impronta en cría y recría, y un sector forestal en plena expansión que ahora espera dar el salto a la industrialización de alto valor agregado.
A esas apuestas se sumó la inauguración de la nueva costanera de Goya, concretada en el marco de la 49ª Fiesta Nacional del Surubí. La obra, financiada íntegramente por la Provincia con una inversión de casi 26.000 millones de pesos, reconstruyó y amplió el frente costero de la ciudad tras el derrumbe de un sector del paseo en 2022.
Agenda internacional
En el plano diplomático y de integración regional, la semana que cierra con este aniversario aportó una nota de color y sustancia. La embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip, visitó Corrientes el viernes 8, fue declarada Huésped de Honor por el Gobernador y la ciudad, y llevó una agenda técnica concreta: hidrovía, puertos, paso fronterizo y energía.
La reunión marcó la continuidad de una relación bilateral que viene siendo cultivada desde noviembre del año pasado, cuando los hermanos Valdés visitaron Asunción y se reunieron con el presidente Santiago Peña. Esta vez, la Embajadora informó al Gobernador sobre su visita a la Federación Económica de Corrientes, donde empresarios locales mantuvieron contacto con referentes de la Unión Industrial del Paraguay (ver Contratapa). El resultado: una invitación concreta a participar de rondas de negocios en junio, durante la Feria Industrial internacional paraguaya.
El mismo día, funcionarios provinciales y representantes de la Federación Económica y de la Federación Empresarial de Corrientes viajaban a Porto Alegre para encontrarse con la Federación de Industriales de Rio Grande do Sul. El foco estuvo en el sector forestal, la citricultura, la ganadería y las oportunidades de exportación de arroz. El ministro de Producción, Walter Chávez, destacó el interés brasileño y la existencia de vínculos comerciales ya activos -una empresa riograndense ya compra aceites cítricos en Bella Vista-, señalando que el puente Alvear-Itaquí también fue mencionado como proyecto de interés conjunto.
La cuestión salarial y el pulso con el Poder Judicial
En lo que se convirtió en el capítulo más caliente de estos cinco meses, el Gobernador libró un principio de «escaramuza de poderes» con el Superior Tribunal por el cumplimiento de un aumento salarial del 12 por ciento acordado en dos tramos. El primer 6 por ciento, correspondiente a marzo, fue abonado. El segundo, previsto para abril, fue frenado por el Ejecutivo con un argumento central: si se ejecutaba según lo dispuesto por el STJ, el presupuesto judicial quedaría agotado en agosto, obligando al Tesoro provincial a redirigir fondos de otros servicios esenciales.
Valdés recibió a uno de los ministros del STJ y sostuvo su posición con firmeza, pero sin estridencias: «El poder es independiente, pero caja hay una sola y presupuesto hay uno solo» (sic). Su propuesta implica verificar conjuntamente las proyecciones presupuestarias antes de avanzar en cualquier ajuste, y que los aumentos en el ámbito estatal sean uniformes para todos los poderes. Al cierre de esta edición, el conflicto seguía abierto, pero con señales de diálogo.
Para el conjunto de los estatales provinciales, el Gobernador anunció una nueva recomposición salarial para mayo bajo la modalidad de «anuncios cortos y frecuentes», una estrategia que busca ajustar los incrementos al contexto mes a mes sin comprometer la liquidez.
Muchas piezas en movimiento
Quien asumió como «el hermano de» -según reconoció el propio Valdés en campaña- viene construyendo su propio perfil de gestión: municipalista en la forma, fiscalmente conservador en el fondo, activo en la búsqueda de inversiones y firme en las negociaciones con Nación, aunque todavía sin resultados definitivos en ninguno de los grandes reclamos. La caja apretada limita los márgenes de maniobra y obliga a priorizar. El conflicto judicial es el termómetro más visible de esa restricción.
Los próximos meses dirán si la planta de fibra de pino avanza más allá del anuncio, si el acuerdo por regalías se firma, si la Coparticipación se normaliza. Por ahora, Corrientes suma inversiones en el horizonte y tensiones en la caja. Y Juan Pablo Valdés administra esa distancia con la experticia de un diplomático de primer nivel, aunque -claro está- con los límites que impone la realidad fiscal.
Lo que dicen quienes no acompañan
La oposición en Corrientes -se sabe- es fragmentada por naturaleza. El peronismo -que quedó segundo, lejos, en las elecciones con el 20 por ciento, conducido a distancia por un esquema «cristino-camporista»- opera desde la Legislatura con un bloque minoritario, pero activo.
El espacio -ahora opositor- encabezado por Pedro «Perucho» Cassani, que llegó a presidir la Cámara de Diputados antes de salirse del oficialismo, también articula críticas desde adentro del sistema. Y Ricardo Colombi, ex gobernador y figura histórica de la UCR que compitió contra Valdés en agosto, sigue siendo una voz de peso, aunque su bloque no logró penetración electoral significativa.
Más allá de las diferencias entre sí, los sectores opositores convergen en cuatro ejes de cuestionamiento: la caja reducida y las realidades municipales; el conflicto judicial como «quiebre institucional», la dependencia de las transferencias nacionales y las inversiones anunciadas que, por ahora, son sólo promesas de largo plazo.
La entrada Juan Pablo Valdés: fortalezas, el desarrollo y la prueba de la caja se publicó primero en Diario El Libertador de Corrientes.
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