Advierten sobre irregularidades de Nación en la licitación del río Paraná

mayo 10, 2026

El especialista Homero Bibiloni denunció que el proceso carece de estudios de impacto ambiental y cuestionó la autenticidad de los avales internacionales presentados por el Gobierno nacional. Además, alertó sobre un posible «negocio fenomenal» que pone en riesgo la biodiversidad y la soberanía del país.

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El proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, pieza clave para la logística y el comercio exterior de la región, se encuentra envuelto en una creciente controversia legal y técnica. Homero Máximo Bibiloni, reconocido especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, analizó la situación actual del trámite impulsado por la administración de presidente Javier Milei y calificó el procedimiento como un «cúmulo de vergüenzas». En un reportaje brindado a radio Sudamericana, el experto denunció una serie de inconsistencias, que van desde la presunta falsificación de avales de organismos internacionales hasta la omisión absoluta de estudios ambientales básicos, en un escenario donde el Ejecutivo nacional parece avanzar sin atender las advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

DOCUMENTOS BAJO SOSPECHA

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista refiere a la validez de los informes que la Nación utiliza para legitimar el pliego de condiciones. Bibiloni hizo hincapié en que el respaldo supuestamente otorgado por las Naciones Unidas está siendo seriamente cuestionado en la arena judicial. «Ese aval no es tal y, encima, ahora está denunciado porque puede ser apócrifo», manifestó el abogado respecto de la documentación presentada por la Agencia Nacional de Vías Navegables.
Al profundizar en las irregularidades formales de esos textos, Bibiloni señaló que los documentos no cumplen con los estándares estéticos ni técnicos propios de los organismos globales: «Cuando uno compara, ve que no tienen el estilo de lo que son documentos de organismos internacionales; parecen más que todo un documento de Word», afirmó el experto. Asimismo, precisó que se han detectado firmas que parecen haber sido insertadas mediante sistemas de recorte digital, lo que arroja mantos de duda sobre la autoría real de las recomendaciones. Según su visión, este esquema permitiría al Gobierno simular un acompañamiento externo que, en la práctica, contiene observaciones de fondo que nunca fueron subsanadas en los pliegos definitivos.

VACÍO AMBIENTAL E IMPACTO HÍDRICO

La preocupación de los sectores ambientalistas y técnicos se centra en la magnitud del dragado pretendido, que busca aumentar significativamente la profundidad del canal para permitir el ingreso de buques de mayor calado. El especialista advirtió que se está omitiendo el «ABC» de cualquier obra de infraestructura de esta envergadura: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica. Sin medias tintas, Bibiloni manifestó que el Gobierno nacional avanzó con un «monólogo autista» sobre los temas ambientales, ignorando incluso las variables del cambio climático que afectan directamente el caudal del Paraná.
«No se sabe dónde se va a poner ese volumen del dragado porque no está estudiado», alertó, al tiempo que amplió lo expuesto al describir que la remoción de sedimentos equivaldría, según cálculos de ingeniería, a unas 21.000 piletas olímpicas.
Esta situación, en palabras del letrado, transformaría al río en una «huella profunda» despojada de su ecosistema natural: «Vas a hacer un zanjón gigante donde no va a haber un río; va a haber una zanja profunda por la que transiten los barcos. Olvidate de la vida, olvidate de la pesca, olvidate de todo», sentenció con crudeza al referirse a las consecuencias ecológicas para las provincias ribereñas, entre las que se incluye Corrientes.

La soberanía nacional, en análisis

Asimismo, la soberanía nacional aparece como otro eje de conflicto. Bibiloni denunció la injerencia de organismos extranjeros en la confección de los pliegos, citando la cláusula que obliga a los oferentes a ser evaluados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
«Teníamos una injerencia norteamericana en el pliego porque, si alguno no pasaba ese reporte, no seguía la licitación de una Argentina soberana», explicó. Además, advirtió que la falta de previsión en el manejo de los sedimentos podría terminar favoreciendo unilateralmente a Uruguay en la gestión de los canales del Río de la Plata, lo que representaría un «atentado a la soberanía nacional».

Intereses económicos

Detrás de la urgencia oficial por adjudicar la hidrovía, Bibiloni identifica un «negocio fenomenal» de miles de millones de dólares proyectado a 25 años. El especialista explicó que el diseño de la licitación beneficia de manera directa a los grandes exportadores de granos y a las empresas dragadoras, en detrimento de los productores locales y del propio Estado argentino. «Yo calculo que hay un caballo del comisario», lanzó el abogado al referirse a la falta de competencia real en el proceso, donde solo dos firmas belgas, Deme y Jan de Nul, quedaron en carrera bajo condiciones que calificó como «amañadas».

La parálisis del control judicial

A pesar de las tres denuncias penales presentadas ante la PIA y las demandas en el fuero administrativo, el proceso administrativo no ha sido interrumpido. Bibiloni lamentó la falta de celeridad de la Justicia y la reticencia del Gobierno a brindar la información solicitada por los organismos de control. «La Justicia en Argentina es un problema grave», analizó el especialista respecto de la demora en dictar medidas cautelares que frenen la apertura de sobres económicos prevista para los próximos días.
En el cierre de su análisis, el experto recordó que la Procuraduría ya había cuestionado un pliego similar hace dos años, y advirtió que -desde su óptica- el camino elegido por la actual gestión nacional conduce inevitablemente a una judicialización penal específica.
Mientras tanto, el cronograma oficial sigue su curso, ignorando los planteos de más de 200 exponentes que participaron en las audiencias públicas y que, al igual que Bibiloni, consideran que la salud del río y la transparencia del Estado están siendo sacrificadas en pos de una rentabilidad corporativa de corto plazo.

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