Este jueves 2 de julio de 2026 se desarrolló en Mercedes la audiencia de impugnación correspondiente al legajo judicial N.º 23.306, presidida por el juez de Revisión Enrique Deniri, acompañado por los doctores Esper y Martínez.

Participaron de la audiencia el fiscal de Investigación, Adrián Casarrubia; el abogado codefensor Juan Ignacio Karam; y el imputado Carlos Agustín Flores Casco.

La Fiscalía impugnó parcialmente la Resolución N.º 514/26, cuestionando la decisión de la jueza de Garantías de fijar un plazo de 30 días para la prisión preventiva, pese a que el Ministerio Público había solicitado que la medida se mantuviera sin límite temporal mientras avanzara la investigación.

Durante su exposición, el fiscal sostuvo que la resolución carecía de fundamentos suficientes para establecer ese plazo en una causa que calificó como «compleja», tanto por la magnitud de las maniobras investigadas como por la necesidad de preservar la prueba y evitar riesgos procesales.

Casarrubia recordó que Flores Casco está imputado por los delitos de estafa, defraudación informática reiterada (artículo 173 inciso 16), estafa mediante obtención fraudulenta de créditos (artículo 173 inciso 2) y falsificación de instrumento privado (artículo 292 del Código Penal).

El representante del Ministerio Público afirmó que la investigación determinó que el imputado habría manipulado cuentas bancarias y de Mercado Pago de personas de edad avanzada, obteniendo créditos sin autorización, utilizando datos personales y registros biométricos para concretar operaciones financieras fraudulentas.

Según la Fiscalía, el perjuicio económico supera los 33 millones de pesos y parte del dinero fue transferido entre distintas cuentas, incluso una perteneciente al tío del imputado, quien también figura entre los denunciantes.

Además, Casarrubia señaló que durante la investigación se secuestró dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras de alta tecnología y diversos elementos adquiridos recientemente, que habrían sido comprados con fondos provenientes de las presuntas estafas.

Otro de los argumentos expuestos fue que Flores Casco habría proporcionado un domicilio falso durante la investigación. La Fiscalía indicó que el imputado declaró vivir frente a la terminal de la ciudad de Corrientes, aunque posteriormente se comprobó que desde febrero de 2026 alquilaba una vivienda en calle Vargas Gómez, donde finalmente fue detenido durante un allanamiento.

El fiscal también sostuvo que el imputado habría intentado desviar la investigación al manifestar que el teléfono celular utilizado para cometer las maniobras había sido robado o extraviado, atribuyendo las operaciones a terceros.

Para la acusación, todas estas circunstancias evidencian un perfil procesal de riesgo, ya que el imputado podría entorpecer la investigación o continuar cometiendo delitos mediante plataformas digitales si recupera la libertad.

Entre las víctimas identificadas hasta el momento figuran seis personas. La Fiscalía remarcó que muchas de las personas afectadas son jubiladas o pensionadas y actualmente enfrentan deudas bancarias.

Por su parte, la defensa rechazó la impugnación y sostuvo que la resolución dictada el 26 de junio por la jueza de Garantías era razonable y proporcional. Argumentó que Flores Casco carece de antecedentes penales, es estudiante y que la expectativa de pena incluso podría derivar en una condena condicional, por lo que consideró suficiente el plazo de 30 días para garantizar el desarrollo de la investigación.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal de Revisión dio a conocer su decisión. Mediante la Resolución N.º 537, dictada el 2 de julio de 2026, resolvió por unanimidad hacer lugar a la impugnación presentada por la Fiscalía y revocar el plazo de 30 días impuesto a la prisión preventiva de Carlos Agustín Flores Casco, dejando sin efecto esa limitación mientras continúe el proceso judicial.