La Justicia de Mercedes condenó a los ex funcionarios municipales Eduardo Gómez y Mario Casal por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa vinculada a la venta irregular de una máquina trituradora perteneciente al patrimonio municipal.

La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado pleno alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Adrián Casarrubia, y los imputados, asistidos por su defensor, Dr. Fernando Méndez, conforme a lo establecido en los artículos 374 y concordantes del Código Procesal Penal.

De acuerdo con el fallo, Gómez y Casal fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer empleos y cargos públicos, además del pago de las costas judiciales. La resolución los encontró penalmente responsables, en carácter de coautores, de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal.

Asimismo, la Justicia impuso una serie de reglas de conducta que deberán cumplir durante un plazo de tres años. Entre ellas se encuentran la obligación de fijar domicilio y número de contacto, no ausentarse de la jurisdicción sin previo aviso, abstenerse de cometer nuevos delitos y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial para acreditar su sometimiento al proceso.

También se les prohibió acercarse a menos de 100 metros del predio de Obras y Servicios Públicos ubicado sobre calle Ñangapiry, entre El Timbó y El Curupí, en el barrio San Martín de Mercedes. Además, deberán abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Como parte de las medidas impuestas, ambos condenados deberán asistir una vez por mes a las sesiones del Concejo Deliberante de Mercedes con el objetivo de fortalecer el respeto por las instituciones democráticas y los poderes del Estado. También deberán realizar un curso de ética y formación ciudadana que incluirá el estudio de la Ordenanza Municipal Nº 1086/14 sobre ética en la función pública.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2025 por la ex intendente Juana Gauto ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) de Mercedes. Según la presentación, una trituradora de piedras y su motor habían sido retirados del ámbito de custodia de la Municipalidad sin la correspondiente autorización.

En aquel momento, Gómez y Casal se desempeñaban como director y secretario de Obras Públicas, respectivamente. La investigación permitió determinar que la maquinaria municipal fue localizada en el taller mecánico de la empresa Rizzo, desde donde posteriormente fue recuperada y reintegrada al patrimonio municipal.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la jueza interviniente consideró acreditada la responsabilidad penal de ambos ex funcionarios en los hechos denunciados, resolviendo su condena mediante el procedimiento abreviado acordado entre las partes.