La disputa judicial por el futuro de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos atraviesa una etapa decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal se encamina a resolver los recursos presentados contra una primera orden de decomiso de 111 propiedades de los Kirchner y del también condenado Lázaro Báez. Entre ellas están 19 inmuebles en Santa Cruz a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Mientras tanto, el tribunal que llevó adelante el juicio en la causa Vialidad dispuso nuevas medidas de prueba antes de decidir sobre otro pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para sumar bienes y que incluye la incautación de casi cinco millones de dólares.

El caso se tramita en la etapa de ejecución de la sentencia que concluyó con la condena de la ex mandataria y otros acusados, por delitos en la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, entre 2003 y 2015 a empresas de Báez. En ese fallo se dispuso un decomiso millonario cuyo monto actualizado, ya confirmado por Casación, alcanza los $684.990.350.139,86 de pesos.

El mismo fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y se trata de la suma de dinero que la Justicia busca recuperar.

La discusión sobre las propiedades

La decisión del tribunal oral incluyó una primera tanda de 111 bienes inmuebles, cuya realización permitiría cubrir parte de la suma fijada en la sentencia. Dentro de ese listado aparecen 19 propiedades registradas a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Todo está bajo revisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la sala IV de Casación.

La defensa de CFK cuestionó duramente la resolución del tribunal. En su planteo sostuvo que avanzar sobre esas propiedades sería «manifiestamente arbitraria y contraria a los principios constitucionales que rigen la ejecución penal». Además remarcó que no está firme el monto de decomiso porque hay recursos pendientes en la Corte.

Además se habría dispuesto «el decomiso de bienes legítimamente adquiridos por terceros —Máximo y Florencia Kirchner— sin que existiera una sentencia firme que habilitara ese desapoderamiento».

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy también sostuvieron que el tribunal habría aplicado un criterio de decomiso que excede lo previsto por la legislación vigente. En ese sentido, afirmaron que se habría utilizado «un denominado ‘modelo de decomiso amplio’ que no estaría previsto en el artículo 23 del Código Penal ni en el derecho positivo vigente».

Para la defensa, esa interpretación permitiría afectar bienes que no guardan relación directa con el delito investigado. En el memorial se advierte que ese esquema «transformaría ilegítimamente el decomiso en una suerte de mecanismo resarcitorio general o de confiscación encubierta, prohibida expresamente por la Constitución».