El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid, manteniendo así firme la sentencia que anuló parte de la ordenanza conocida como Madrid 360, que regula las zonas de bajas emisiones. La denuncia ha sido promovida por el Grupo Municipal Vox (en el Ayuntamiento de Madrid), el Grupo Parlamentario Vox (Asamblea de Madrid) y el Partido Político Vox, quienes pidieron dejar sin efecto la Ordenanza n.º 10/2021 sobre movilidad sostenible, aprobada el 13 de septiembre de 2021.

El precedente de este caso está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 17 de octubre de 2024, en la que se consideró que el Ayuntamiento no presentó un informe adecuado sobre el impacto económico que tendría la ordenanza en los vecinos y empresas de Madrid. Además, señaló que el informe ambiental era deficiente, ya que no valoró alternativas menos perjudiciales para los afectados.

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