La investigación judicial por presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí se reactivará hoy a las 8 a. m., tras un mes de pausa en las audiencias. El caso, según un reporte de El Colombiano, involucra a exfuncionarios de alto rango y directivos de la entidad, quienes habrían participado en un esquema de apropiación de fondos públicos.
Durante la última audiencia, realizada el 4 de marzo, el fiscal del caso anunció que al menos dos personas más (y posiblemente una tercera) buscaban acogerse al principio de oportunidad. Esta figura judicial permite a quienes han participado en delitos colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales.
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Para ese momento, Laura Mejía, exjefa de logística del AMVA, ya había accedido a este trato y se convirtió en testigo clave al entregar fotos, audios, mensajes y documentos que evidenciarían una red de corrupción orientada a manipular contratos y exigir sobornos.
Según las revelaciones recogidas por El Colombiano, Mejía aportó pruebas que involucrarían a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, al subdirector financiero del AMVA y a Álvaro Villada. Además, se mencionan chats que apuntan a la influencia de Sebastián Ortega, hijo del político William Ortega.
El medio confirmó que los nuevos testigos que solicitaron acogerse al principio de oportunidad son Misael Cadavid, exgerente de los bomberos de Itagüí, y Elkin González, antiguo jefe de la misma agrupación. Ambos fueron los primeros en ser imputados y acusados, a finales de 2025, por presunto peculado por apropiación.
Contratos en la mira y cuantías involucradas
El caso gira en torno a seis contratos por casi 18.000 millones de pesos colombianos, donde, de acuerdo con la acusación, se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos provenientes del erario. Junto a Cadavid y González, la exfuncionaria Yaneth Rúa, supervisora de contratos del AMVA, también enfrenta cargos por peculado y celebración indebida de contratos. Según El Colombiano, Rúa habría facilitado maniobras para facturaciones con sobrecostos y servicios no prestados.
En el proceso de legalización de captura, el juez permitió que González continuara en libertad, mientras que Cadavid y Rúa recibieron detención intramural, bajo el argumento de que podrían influir en testigos o manipular pruebas.
Más adelante, la Fiscalía imputó cargos a Juan David Palacio, exdirector del AMVA entre 2020 y 2024, por presunto peculado e interés indebido en contratos. Según la acusación, Palacio habría nombrado funcionarios clave bajo indicaciones de Miguel Quintero, favoreciendo la ejecución de actos ilícitos. “Sin la anuencia del director, nada hubiera sido posible”, afirmó el fiscal, citado por El Colombiano. No obstante, el juez consideró innecesario imponer una medida de aseguramiento carcelaria para Palacio.
Colaboraciones reservadas y nuevos frentes de investigación
En marzo, un juez avaló la matriz de colaboración presentada por Cadavid en una audiencia reservada. Según fuentes consultadas por El Colombiano, Cadavid estaría reforzando con nuevos materiales las declaraciones de Mejía, lo que podría tener repercusiones no solo en el caso de los bomberos, sino también en otro proceso vinculado con la contratación en el Parque de las Aguas, por un monto similar de 18.000 millones de pesos.
Las autoridades prevén que Cadavid aporte información relevante sobre la presunta negociación de una “franquicia” para gestionar contratos en Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la Costa Atlántica, donde habría tenido un papel destacado.
El avance de la colaboración de González dependerá de la decisión de un juez de control de garantías. Mientras tanto, las posibilidades de que Rúa logre beneficios similares se ven limitadas, dado que para acceder a un principio de oportunidad es necesario entregar elementos inéditos y no repetir pruebas ya aportadas por otros testigos.
Cambio de fiscal y nuevas audiencias
En el transcurso del proceso, se produjo un cambio de fiscal a cargo. Rodolfo Esteban Sánchez, fiscal de la Unidad Anticorrupción, fue reemplazado por una colega procedente de Bogotá, aunque no se precisó si asumirá todos los casos del despacho o solo este expediente.
La próxima audiencia, programada para el día de hoy, miércoles a las 8:30 a. m., se prevé que los abogados de los acusados retomen sus argumentos para solicitar la nulidad del proceso, alegando presuntas fallas en la etapa de imputación. El tiempo límite fijado para la diligencia es hasta las 12:30 p. m., debido a compromisos previos de los operadores judiciales.
Más implicados bajo la lupa
Además de los ya mencionados, Ana María Roldán y Diana María Montoya, exsubdirectoras del área ambiental del AMVA, enfrentan cargos por interés indebido en contratos. Juan Alberto Cardona, contador y tesorero de los bomberos de Itagüí, fue acusado de falsedad en documento privado.
